Es 2019. Otilia Martínez Cruz y su hijo Gregorio Chaparro Cruz, de 20 años, son parte de la comunidad indígena tarahumara en México. Durante mucho tiempo han luchado para detener la deforestación ilegal en sus tierras ancestrales en la Sierra Madre. Quienes lucran con la deforestación ilegal tratan de impedirla a toda costa y contratan sicarios. Unos meses después, madre e hijo son encontrados muertos frente a su casa en El Chapote, en el noreste del país.
Al año siguiente, Óscar Eyraud Adams, de la comunidad indígena Kumiai, fue asesinado en Tecate, nuevamente en México, por defender el agua del territorio, que empezaba a agotarse por la creciente sequía. Eyraud Adams quería que toda la comunidad tuviera acceso al agua y trabajó para pedir permiso a las autoridades para crear nuevos pozos de agua, dijo la madre Norma Adams Cuero. Rara vez se le ha concedido este derecho. “Las grandes empresas tienen un acceso mucho más fácil al agua. No es justo: lo necesitamos para sobrevivir”, dijo Eyraud Adams.
Los asesinatos de «defensores de la tierra y el medio ambiente» no cesan: desde 2012 la ONG Global Witness recopila documentos, testimonios y datos sobre estas historias y en un reciente informe concluyó que más de 1.700 personas han sido asesinadas en los últimos diez años Solo en 2021, casi cuatro fueron asesinados cada semana, desde México hasta Brasil, desde Filipinas hasta la República Democrática del Congo.
Pocas investigaciones
La explotación de los ecosistemas, que en gran medida contribuye a provocar la crisis climática, también impulsa la violencia contra quienes luchan por proteger el clima y el planeta. Y según Global Witness, lo que sabemos sobre la crisis climática refleja lo que está en la raíz de esta violencia: sus impactos son desiguales, algunas grandes empresas son responsables, los gobiernos contribuyen a las causas, sin poder prevenirlas de ninguna manera.
Al igual que Global Witness, otras organizaciones de defensa de los derechos han documentado a lo largo de los años cómo empresas e instituciones financieras continúan operando con casi total impunidad, con el objetivo de lucrar e ignorando o, peor aún, ocultando violaciones a los derechos humanos y la explotación de ecosistemas. .
“Los asesinatos de defensores rara vez se investigan. En algunos casos, los gobiernos los obstaculizan porque hay colusión con la empresa a nivel local o regional y esto se convierte en un factor clave”, explicó Ali Hines, senior, a Internazionale. paladín por Testigo global. “Si no se responsabiliza a nadie, se da luz verde para actuar con impunidad”.